Antes que nada, debo aclarar que no soy abogado, ni pretendo hacer un análisis jurídico. Lo que quiero expresar es lo que un ciudadano común y corriente entiende de lo que supuestamente está constituido, legislado y se pretende reglamentar con lo que actualmente es el proyecto de reglamento de escalafón y algo más. A este proyecto de reglamento, hace unas pocas semanas, se lo estuvo tratando en la ESPOL, en un taller que tuvo tres salas y en el que, aparte de las personas que estuvimos de aquí, estuvieron integrantes y personeros de la SENESCYT, del CEAACES y del CES. Este taller, así se dijo, era parte de la famosa “socialización” que en los últimos tiempos se viene haciendo en el Ecuador, antes de aprobar algo. Si damos una mirada retrospectiva de este procedimiento, se puede concluir, dando lugar a un pequeñísimo porcentaje de error, que lo que ha pasado es que a los proyectos de turno, se los ha sacado a dar un buen paseo, tal como ocurre cada año con la Virgen del Cisne: la sacan del santuario, le hacen dar una buena vuelta y retorna exactamente, al mismo lugar y tal como estaba cuando salió. Eso es lo que ha pasado con ese famoso proyecto de reglamento de escalafón: lo sacaron a pasear y regresó exactamente igual. De nada sirvió los criterios expresados, los cuestionamientos bien argumentados de varios aspectos que se están incluyendo en ese reglamento. Nada valió, ni vale.

Hay dos leyes importantes que se debe considerar para este análisis, la una es la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES; y, la otra es la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP. Como dije al comienzo, yo no soy abogado, pero creo que hay cosas en estas dos leyes, como que no coinciden con la Carta Magna, la Constitución de la República. No quiero asumir el hecho de que estas dos leyes puedan ser inconstitucionales. Para mi análisis muy puntual, voy a partir de la consideración de que ambas leyes son compatibles con la Constitución.

En la LOES, se nos define, a los docentes e investigadores universitarios y politécnicos, como servidores públicos de régimen especial y, en esta misma ley, se dice que, entre otras cosas, nuestra jubilación se normará con el famoso reglamento de escalafón. Repito: “normará”. Esta ley se expidió en octubre del 2010. En este mismo mes y año, se expidió también la LOSEP. Es decir, la Asamblea Nacional estuvo analizando y expidiendo ambas leyes contemporáneamente. En esta otra ley, la LOSEP, en el Art. 83 se establece quienes están excluidos de esa carrera de servicio público y, ahí, en el literal “l”, se nos incluye a nosotros. Es decir, los docentes e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas estamos expresamente excluidos de la “jubilación obligatoria”. A eso es que me refiero. No debería poderse “normar” con un reglamento, en sentido contrario a algo que está expresamente establecido en una ley de la República.

Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué se pretende hacerlo? Si se quiere mejorar la educación superior en el Ecuador no es la vía obligándonos a jubilar cuando aún podemos contribuir con una educación de calidad. Si se quiere “sacar” a los “viejos” del sistema de educación superior, no debe ser por esa vía. Yo propongo que nos evalúen. Tal cual como se lo hace cuando vamos a renovar la licencia para conducir un carro: si uno no aprueba el examen, no le dan la licencia. Así de simple.

Otra cosa sería si, de aquí hasta diciembre de 2014, viendo que se ha implantado un sistema presupuestario que asegure el pago de la pensión jubilar complementaria; lógico, que lo conveniente es acogerse a la jubilación. Más no, que lo obliguen a uno.

No es correcto ni constitucional que nos limiten nuestros derechos por la edad. Cuando uno es apto y adecuado para impartir la educación de calidad que siempre se ha merecido el país, no debe ser un impedimento porque sea muy joven, o muy “viejo”.

En definitiva, lo que queremos es que nos dejen trabajar en paz. No es que porque ya tengo cierta edad debo hacerme a un lado para dar paso a nuevas generaciones. Todos tenemos igualdad de derechos. En educación, la legislación debe ser exigente, pero no con la edad. Debe ser exigente con la calidad, con la pertinencia y con la  actualidad. Esta legislación debe ser un poco sensible con aspectos y valores humanos. Somos personas que así como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al trabajo en forma digna: ¡NO a la jubilación obligatoria para los docentes e investigadores del sistema nacional de educación superior!

La forma impositiva con que se están tratando los aspectos más estratégicos de la educación superior con el famoso reglamento de escalafón, parece que ha afectado, o está afectando, al estado de ánimo de algunos colegas (me refiero a los mayorcitos), porque a algunos de ellos se los nota como que se han resignado con las cosas que se están dando; como que su instinto de defensa se ha perdido. En esta parte debo decirles a estos colegas: ¡Hay que defender nuestros derechos; debemos jubilarnos cuando la decisión sea nuestra; no porque sea obligatoria!

Esperemos que la sensibilidad humana, académica y de justicia, prime en los entes estatales que actualmente nos rigen, y se legisle con justicia constitucional.